¿Quién apagó las ollas?

Por Edgar Suárez Forero – Grupo Hambre Cero

El mandato es claro, lo reitera el plan y lo repite el presidente Gustavo Petro en sus intervenciones, hay que fortalecer la economía popular, establecer alianzas con las organizaciones sociales, juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia de los colegios, para que sean las mismas comunidades las que presten servicios y vendan sus productos a los diversos programas estatales, sobre todo a aquellos relacionados con infraestructura local y entrega de alimentos.

Actualmente, en algunos colegios rurales, son las mismas madres de las y los estudiantes quienes preparan la comida en comedores escolares. Estas campesinas, contratadas por un operador, no ganan el jornal correspondiente, que por cierto es casi nada, ni tienen garantizados a plenitud sus derechos laborales. Son ellas quienes hacen el control de calidad del alimento y separan los elementos que a veces llegan en mal estado, son ellas quienes ponen el cuidado y la sazón en la comida.  

Los cercamientos legales y no legales que impiden que las entidades públicas compren a las economías populares y comunitarias y a la población campesina son múltiples y diversos. El sistema de contratación estatal está hecho para que los peces grandes y curtidos sean los que se ceben hasta el hastío, pues son esos peces gordos y godos quienes han diseñado el modelo en complacencia con sus financiadores. De ahí sale el dinero para aceitar las maquinarias politiqueras o para comprar silencios, indulgencias y votos. 

Sin embargo, las organizaciones de la base social, cada tanto, desde su lugar, a punta de perseverancia y enfrentando riesgos, han logrado mover total o parcialmente algunas de estas cercas dispuestas por los poderosos. No es la regla, pero son repetidos los casos en que las organizaciones populares le arrancan alianzas a lo público -con operador o sin operador- ajustando las acciones a sus necesidades. El cambio consiste en que ahora, esas alianzas, son mandato y voluntad para el gobierno.

Las ollas comunitarias las primeras Alianzas público populares

Fueron las primeras en llamarse de esta manera. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), dado su carácter de atención a población que está en condición de riesgo, tiene la capacidad y posibilidad de establecer ejercicios de contratación directa con organizaciones de la sociedad civil, es por ello que ante esta oportunidad el programa de ollas comunitarias se fue gestando como una modalidad para preparar el alimento en los territorios y por las comunidades afectadas por la crisis climática.  

A pesar de la mala prensa y la caricaturización que se hizo en medios de comunicación y en el Congreso a la olla comunitaria como herramienta para mitigar el hambre, el programa se puso en marcha a finales del año pasado. Las organizaciones sociales, pero sobre todo las Juntas de Acción Comunal, se inscribieron a la convocatoria. Era un asunto en apariencia sencillo, durante tres meses, el Gobierno le gira el dinero a las Juntas en aquellos lugares en que cumplieran con el requisito de haber sido afectados por la temporada de lluvias, luego las organizaciones se encargaban del resto, obtener los alimentos, prepararlos, disponerlos a la población más necesitada de su comunidad, además de hacer los reportes y cumplir los requerimientos administrativos correspondientes.  Para garantizar el control y veeduría de la comunidad la información sobre el programa se entregaba en sesiones asamblearias. La Unidad, por su parte establecía una gestión territorial para la interlocución, seguimiento y acompañamiento a las organizaciones.  Parte del equipo escogido para ello, además de tener los pergaminos requeridos, provenía del movimiento social, por tanto entendía el potencial de la iniciativa.

El programa de las ollas 

Así lo llama la gente. Las bondades del programa fueron saltando a la vista, así como los agradecimientos al gobierno nacional por brindar confianza y apoyo a las JAC. Si de lo que se trataba era de llevar a familias en estado de inseguridad alimentaria comida caliente, de calidad y a un costo considerable, vinculando la participación de las comunidades, el Programa lo hacía. Es lo primero que reiteran los líderes comunales que han participado en las Ollas comunitarias. El impacto en las comunidades y sus organizaciones es indiscutible.

Apenas llegaron los primeros recursos, las organizaciones fueron preparándose para operar las ollas, mejoraron la infraestructura y bienes propios como muebles y salones comunales, compraron estufas y elementos necesarios en la economía local para brindar el servicio. Así mismo adquirieron con proveedores del lugar, muchos de ellos pequeños productores de la comunidad, los alimentos e insumos necesarios para montar las ollas. Las organizaciones establecieron qué integrantes de la comunidad se emplearían en el ejercicio y quiénes serían, por su necesidad, los beneficiarios del programa.

Se prendieron las estufas. 

“Hasta ahora nadie nos había brindado una oportunidad de este tipo” reitera una líder comunal del Chocó, que advierte que la mayoría de las Juntas y Organizaciones han estado a la altura del desafío. “Se trabaja para comer al día” recuerda un líder comunal del medio Baudó “por tanto el impacto que implica tener garantizado el alimento es enorme” agrega.  

La confianza obtenida en esta ejecución por parte de las organizaciones comunales ha devenido en la recuperación de las capacidades individuales y colectivas para administrar el bien común. Líderes y lideresas que aprenden a manejar hojas de cálculo o que buscan mejorar procedimientos en la producción o en la toma de decisiones de la organización están en el orden del día.

El afianzamiento de los vínculos comunitarios en torno a la acción y al cuidado, esa llama que se enciende cuando se pueden hacer planes conjuntos sobre el futuro próximo, se empezó a mover en cada uno de los lugares en que se desplegó el programa, que empezó apenas con cerca de 150 ollas. Quince mil personas alimentadas con su propio esfuerzo, puede parecer algo pequeño si tenemos en mente la magnitud de la hambruna a nivel nacional, pero visto como un piloto a replicar por diversas instituciones que realizan asistencia alimentaria, lo convertían en un programa prioritario.

Con una muestra de diez ollas comunitarias en el sur de Bolívar, se logró establecer que las Juntas de Acción comunal entregaron un 21% más del número de raciones a las que se habían comprometido en la Alianza Público popular, es decir, que parte del excedente que deja el programa en el territorio también se invierte en mitigar el hambre. Según los líderes comunales hay lugares en los que se alcanzaron a duplicar las raciones.  En  la realización de estas diez ollas se generaron 60 empleos, en su mayoría ocupados con mujeres del lugar.

La demanda del programa en los diversos territorios se hizo latente, desde los lugares en dónde más se ha sentido la crisis cocalera, como en el Catatumbo, las comunidades exigen que, por lo menos en zonas de desastres climáticos, sean atendidas por el programa, lo mismo sucede en el amplias zonas del Pacífico colombiano. La garantía al derecho de la alimentación es un requisito ineludible para concretar los procesos de paz en curso, por tanto, desde territorios estratégicos para el diálogo en torno a las negociaciones de paz, solicitan atención del programa.  Pero estas demandas no pudieron ser cubiertas, en este momento, para mediados de abril (2023) el programa parecía haberse detenido.

¿Quién apagó las ollas?

Corre el mes de julio, líderes de Barrios de Quibdó, de veredas de la Mojana, de municipios de Córdoba, el Atlántico o Cauca, en reunión para hablar del tema y concretar acciones, repiten el mismo relato. Todo iba muy bien, estábamos aprendiendo y tomándonos confianza, pero desde hace tres meses, no solo dejaron de enviar los recursos que se habían comprometido a enviar para la realización de las ollas, sino que hubo cambios en el equipo de quienes se encargaban del Programa en la Ungrd, por lo que desapareció la interlocución con las comunidades, . Este mutismo ha generado tal incertidumbre, que ya se ha tornado en descrédito para el gobierno y los líderes comunales a nivel local.

La ungrd no ha planteado acabar con el programa, pero dicen que lo están rediseñando, aducen que las Juntas de acción comunal no han tenido la capacidad técnica y que en su mayoría no han entregado los informes completos o con los requisitos exigidos, y que por ello, buscan "socios estratégicos" para que operen el programa. sin embargo, desde diversas instancias y desde las organizaciones se le ha solicitado a la Unidad que presente un informe que sustente lo afirmado sobre la operación a través de las organizaciones sociales y comunales, pero la respuesta sigue siendo el silencio. Por su parte las Juntas de Acción Comunal advierten que han sido burladas, pues han enviado sus informes según instrucciones de la Unidad y del equipo de supervisores.  Los supervisores de territorio, a quienes no les renovaron el contrato hace dos meses, coinciden en que, si bien se presentaban problemas y conflictos en casos particulares, naturales a la implementación de cualquier política, los resultados en términos alimentarios y en la participación social son de subrayar.

Las organizaciones han hecho peticiones a diversas entidades, pero estas redireccionan los oficios a la ungrd sin obtener respuesta. La semana pasada en la Guajira, ante el reclamo de una lideresa comunal que advertía que las ollas comunitarias estaban ejecutándose con contratistas, el presidente fue vehemente en contestarle que le extrañaba dicha afirmación. "El presidente ordenó ollas comunales contratadas con organizaciones comunales en campos y ciudades" Reiteró el presidente ante el aplauso de la concurrencia.

Mientras tanto "la crisis de las ollas" como ya las llaman los comunales no toca fondo. Algunas Juntas directivas de las JAC han sido señaladas por las comunidades de embolatar la plata del programa, este señalamiento injusto enturbia y desconecta lo que había sido conectado. Los proveedores de las ollas, actores de la economía popular y campesina también les reclaman a las Juntas y organizaciones por no pagar sus deudas y llevarlos a una posible quiebra, lo que desbarata el tejido social que se había montado.

Para las organizaciones comunales el programa debe mantenerse en ejecución de las Juntas de Acción comunal, tal como lo ha ordenado el presidente de la República y el Plan de Desarrollo a ejecutar. "Somos nosotros quienes sabemos quien está embarazada o quien está aguantando hambre en las veredas" reclama un presidente de JAC del sur de Bolívar. "Hemos hecho un gran esfuerzo, nos la hemos jugado toda, es injusto que nos traten así" dice una lideresa del Chocó.