La reforma agraria en curso: El pulso de la tierra

Algunos preguntan los motivos, por qué tanto anhelo por la tierra, de ella nacimos, 

de ella consumimos y en ella también nos convertirán

Máximo Jiménez (Las escrituras)

Por A media cuadra

Desde antes de que Colombia fuera Colombia, las disputas por la tierra y el territorio estaban en el orden del día, tal vez por ello para entender el proceso de reforma agraria que vive nuestro país hay que verlo desde nuestra mirada ancestral, que no concibe la historia de manera lineal sino como un ciclo en el que el presente y el pasado se tejen en el territorio, en algo que conforma nuestra vida cultural y colectiva.

Tal vez así podríamos repetir la diáspora de luchas que, desde la colonia, ha dado el campesinado en diversos lugares del país para ponerlas a hablar con los retos que hoy enfrentamos para obtener tierra y una vida justa y digna para las familias campesinas; o podríamos ver la saga de represión y segregación a la que se ha sometido a los sectores rurales y a quienes han puesto en su voz o quehacer el horizonte de la reforma agraria; o bien podríamos percibir los hilos que conectan las condiciones del campo con la situación social en las que se vive en las pequeñas y grandes ciudades.

Es preciso entender la reforma agraria como un plan necesario y urgente que trasciende los tiempos de gobierno y que debe tener alcance nacional, al punto que, a pesar de los conflictos inherentes a la misma reforma, se perciba como un problema de toda la sociedad en su conjunto. La recién aprobada Política de Reforma Agraria (Documento Conpes 4184) “Política de Reforma Agraria: redistribución de tierras y aguas para la producción y el cuidado de la vida" recoge este mandato histórico al plantearse como una política de Estado con horizonte a 2036, proyectando 18,6 billones de pesos para transformar las condiciones estructurales del campo y reconociendo que la desigualdad agraria no es un fenómeno coyuntural sino un sistema que reproduce brechas en el acceso, control y aprovechamiento de la tierra, el agua y los recursos productivos.

A pesar de que el camino o la espiral han sido largos y el costo en vidas inconmensurable, los desafíos aún no son menores y requieren largo aliento, pues son cercamientos que se soportan en la misma desigualdad y en prácticas que, aún dentro de la legalidad, promueven el desarraigo, el desplazamiento y la sobreexplotación de la vida en el campo y de la población campesina, población que conforma la cuarta parte de quienes habitan el país.

El diagnóstico del CONPES revela que Colombia presenta uno de los niveles más altos de concentración de la tierra, con un índice de Gini superior a 0,86, donde aproximadamente el 50% de la tierra está concentrada en el 1% de los propietarios, mientras que el 80% de los propietarios rurales accede a menos del 8% del total de la tierra disponible. Esta estructura profundamente inequitativa coexiste con un fraccionamiento de la propiedad: el 66% de los predios rurales corresponde a pequeñas unidades de menos de 3 hectáreas.

Los principales desafíos, que siguen latentes, para encaminarse hacia una reforma agraria son el hecho de que para vastas regiones del país, la tierra sigue estando en pocas manos, las políticas estatales son insuficientes y débiles ante la magnitud de las tareas atrasadas en el campo, además de estar concentradas en algunos territorios y para un reducido grupo de la población.

La política reconoce seis expresiones de esta desigualdad: la alta concentración de la propiedad de la tierra y el agua; la distribución inequitativa de activos productivos como riego, crédito y asistencia técnica; una institucionalidad agraria fragmentada; el déficit de acceso a la justicia en territorios rurales; la exclusión de los sujetos populares del campo de los espacios de decisión y la distribución desigual de los riesgos climáticos que afecta desproporcionadamente a pequeños productores.

Por lo anterior, y entre otras causas, no se han garantizado los derechos fundamentales de la población campesina, que sufre altos niveles de pobreza y un deficiente cubrimiento en la prestación de servicios sociales, como salud y educación, y de servicios públicos. Las cifras son contundentes: la pobreza monetaria rural alcanza el 42,5%, casi 1,5 veces la tasa urbana, mientras la pobreza multidimensional en zonas rurales es del 24,3% frente al 7,8% en cabeceras municipales. Así mismo, el campesinado no tiene acceso a una justicia que se adecue a su contexto y problemáticas específicas. La ausencia de una jurisdicción agraria especializada, a pesar del Acto Legislativo 03 de 2023 que la creó, mantiene vacíos institucionales que perpetúan la exclusión de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas del acceso efectivo a la justicia.

Los avances del gobierno, a pesar de los palos en la rueda de sectores retardatarios, han forjado apuestas institucionales para avanzar en la reforma agraria, esto ha permitido gestionar cerca de 700.000 hectáreas para las familias campesinas y la titulación de predios en 1.800.000 hectáreas, lo que favorece a miles de familias en el campo. Así mismo, desde distintas entidades se han generado políticas que buscan el acceso de la población a servicios sociales y públicos y otras directrices necesarias para alcanzar la integralidad de la reforma. 

Además de los avances en entrega y titulación de tierras, la reforma agraria también avanza en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional (acto legislativo 01 de 2023), la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional de diecinueve Zonas de Reserva Campesina, la constitución del primer Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) y la figura de Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, entre otras formas de territorialidad. La reforma agraria es una oportunidad de transformación estructural de las condiciones de vida en la ruralidad. La política pone en el centro a los "sujetos populares del campo": campesinado, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como mujeres y juventudes rurales, reconociendo su diversidad y su papel estratégico para la soberanía alimentaria y la paz territorial.

Sin embargo, tal como lo decía Fals Borda y ratificaba Antonio García Nossa, no es posible hacer una reforma agraria para campesinos, pues para que esta sea efectiva debe hacerse por el mismo campesinado en una profundización de su movilización, y por tanto, de la democracia. Debe ser la población del campo la que le dé el sentido y coherencia a la reforma para que siga echando raíces en el territorio. No le es posible al Estado, en el actual contexto, articular las diversas políticas referentes si el actor y sujeto principal de las mismas, no logra sintetizarlas y articularlas a nivel territorial. 

En este ciclo de la reforma agraria se ha diseñado una gobernanza con una instancia territorial: Los comités de reforma agraria. En este momento ya hay más de 600 Comités Municipales de Reforma Agraria y 30 Comités Departamentales, pero más allá del número, es importante consolidar la incidencia y los roles de estos comités, pues deben ser articuladores de la producción de lo común entre organizaciones rurales, otras instancias y entes territoriales; deben orientar la reforma estratégicamente según las necesidades y contextos específicos; hacer control y veeduría sobre políticas relacionadas; generar espacios de diálogo, divulgación y educación y promover y diseñar procesos de comunicación popular para activar la reforma en los territorios, entre muchas otras tareas, que terminarán definiendo la incidencia y coherencia de la reforma agraria.

De la reforma agraria depende la vida, dado que es un elemento fundamental y necesario para avanzar como sociedad en dimensiones que también nos son urgentes como país y ante las cuales se van cerrando las alternativas, tal como lo son la transición energética, la transición agroecológica, la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, la consolidación de la paz o el fortalecimiento de la soberanía alimentaria para la población y las comunidades. El Conpes lo entiende así al plantear la reforma agraria como un proceso de redistribución no sólo de tierras, sino también de aguas, activos productivos, justicia y poder político, reconociendo que las economías campesinas, familiares, étnicas y comunitarias son estratégicas para la producción de alimentos, el cuidado de la biodiversidad y la construcción de una paz duradera y territorial.

¿Qué es el documento Conpes de reforma agraria?

Un Documento Conpes es un plano o una hoja de ruta que utiliza el Gobierno de Colombia para definir cómo va a abordar los principales problemas del país. Es un documento donde se analiza a fondo una situación y se proponen soluciones concretas con plazos y responsables. Este documento es elaborado y aprobado por el Conpes, que es un consejo conformado por los ministerios y departamentos administrativos y que actúa como autoridad de planeación coordinando a todas las entidades del Estado para asegurar que trabajen de manera conjunta hacia un mismo objetivo. Este documento no es una ley, pero tiene una fuerza administrativa muy importante: compromete a las entidades públicas que participaron en su creación a cumplir con las acciones y metas que allí se trazaron.

En el caso específico de la Política de Reforma Agraria, el Documento Conpes, “Política de Reforma Agraria: redistribución de tierras y aguas para la producción y el cuidado de la vida", funciona como un acuerdo entre las diferentes entidades del Estado para trabajar de forma coordinada y con un nuevo enfoque para abordar los problemas del campo y la reforma agraria en curso. Este Conpes propone una intervención más decidida del Estado para redistribuir no sólo la tierra, sino también el agua, el crédito y la asistencia técnica, priorizando a las comunidades campesinas y étnicas que han sufrido una exclusión histórica.

Este documento establece acciones concretas, como agilizar la entrega de tierras, fortalecer la justicia agraria o proteger las semillas nativas, y les asigna responsables y cronogramas. Su objetivo es corregir un desequilibrio histórico, buscando que las entidades del Estado superen sus limitaciones pasadas y trabajen unidas para construir un campo más justo, productivo y en paz.

Aquí puedes consultar el documento: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4184.pdf

¿Qué es y en qué va el trazador presupuestal campesino?

El acto legislativo  01 de 2023 reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, en tal sentido el Estado debe reconocer las dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado y velar por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objeto de lograr la igualdad material para las familias campesinas, las cuales no pueden ser objeto de ningún tipo de discriminación.

Este acto legislativo advierte que debe crearse un trazador presupuestal como herramienta para el seguimiento del gasto y la inversión realizada para atender a la población campesina, lo cual quedó ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo y a cargo del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito público, quienes deben realizar un plan conjunto para el diseño e implementación de dicho trazador y la articulación de información que ello requiera.

Un trazador presupuestal es una herramienta de seguimiento para identificar los recursos destinados a las acciones e intervenciones focalizadas en el presupuesto público para aquellas políticas públicas o temas priorizados en la agenda de desarrollo del país. En este caso el trazador nos permite hacer seguimiento al gasto e inversión destinadas a la población campesina y a un proceso transversal y fundamental como lo es la reforma agraria en curso. El trazador brinda información que se convierte en un insumo para la toma de decisiones en el marco del ciclo de la planeación y presupuesto.

Actualmente el trazador campesino se encuentra en fase de implementación. Se ha llevado a cabo por parte de las entidades encargadas la articulación pertinente y el diseño de la metodología correspondiente para que las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y tienen competencias en la ejecución de dichas políticas, puedan aportar la información necesaria. Posteriormente a esto, según lo planeado, vendrán los procesos de seguimiento, evaluación y publicación del trazador.