Por Daniel Prieto Sánchez
El pasado 3 de junio, La Pontificia Universidad Javeriana fue sede del “Foro Perspectivas y Sostenibilidad de la Reforma Agraria”, un espacio de convergencia entre el Gobierno nacional, la Agencia Nacional de Tierras, los movimientos sociales y la academia. El encuentro sirvió para evaluar el actual proceso de reactivación de la política agraria, el cual busca intervenir el problema estructural de la concentración de la propiedad rural. Si bien se registran avances institucionales, el debate evidenció que la reforma enfrenta barreras normativas, resistencias de poder y una fragmentación estatal que exigen respuestas urgentes del Estado, los movimientos sociales y toda la sociedad en su conjunto.
Ana Jimena Bautista, de la Agencia Nacional de Tierras, reportó la gestión de más de 700.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y destacó el despliegue territorial de la entidad. No obstante, advirtió que las cifras de adjudicación no modifican por sí solas la estructura de la tenencia y que la realidad en los territorios rurales profundos impone retos logísticos y de seguridad complejos. La recuperación de baldíos —tierras del Estado y bienes públicos de la Nación— se topa con ocupaciones ilegales, control armado y una histórica falta de interoperabilidad entre el catastro y el registro.
“Estamos haciendo escuela sobre la marcha”, afirmó Bautista, destacando que la ANT no puede actuar eficazmente sin el pleno apoyo del Estado. Para que la tierra entregada no se pierda, se requiere que todo el Sistema Nacional de Reforma Agraria (salud, educación, vías, crédito) llegue al territorio de manera articulada.
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| Profesor Alexánder Rincón |
A este panorama se suma el acaparamiento sistemático documentado por la academia. Investigaciones realizadas durante la última década, señalan cómo grandes capitales nacionales y extranjeros evaden los límites de la Unidad Agrícola Familiar mediante la creación de empresas de fachada. Esta maniobra les permite acumular decenas de miles de hectáreas de baldíos, a menudo accediendo a subsidios estatales, en detrimento directo de los campesinos pobres. En el libro “Ruralidades en disputa: territorio, poder y alternativas desde el campo colombiano”, publicado este año y editado por la Universidad Javeriana (https://www.javeriana.edu.co/editorial/w/ruralidades-disputa), se explica cómo la expansión de la frontera agrícola hacia regiones como la Altillanura o la Amazonía no ha democratizado el acceso a la tierra, sino que ha desplazado la concentración hacia nuevas zonas, generando deforestación y despojo de comunidades étnicas y campesinas.
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| Martha Huertas- Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias |
Precisamente, el modelo de desarrollo rural fue otro eje de tensión durante el foro. Martha Huertas, de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, celebró los avances redistributivos del actual gobierno pero criticó la persistente falta de fortalecimiento de las bases organizativas del campesinado colombiano. En el espacio se resaltó la urgencia de que el Estado deje de tratar la economía campesina como un apéndice subordinado al agronegocio, reclamando soporte real para la producción solidaria y comunitaria.
Esta demanda coincide con el giro conceptual del reciente CONPES 4184 del Departamento Nacional de Planeación. Teresa Ramírez, directora de Desarrollo Rural Sostenible de este órgano, explicó que el documento abandona la visión de la tierra como mercancía regulada por programas públicos aislados y mecanismos de mercado para asumirla como una política redistributiva de Estado.
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| Teresa Ramírez - Dirección de desarollo rural y sostenible DNP |
El CONPES identifica seis causas estructurales de la desigualdad agraria, que van desde el diseño financiero excluyente y las barreras de comercialización, hasta la débil infraestructura productiva y la exclusión política. Este documento establece como prioridad la inclusión de las Economías Campesinas, Familiares, Étnicas y Comunitarias, reconociendo que la entrega de un título de propiedad es insuficiente sin garantías de acceso al agua, crédito, la asistencia técnica, la provisión de activos productivos y la protección frente al cambio climático. Además, los estudios macroeconómicos que sustentan este documento también demuestran que cuando la tierra llega a los pequeños productores, la productividad por hectárea y los ingresos rurales aumentan, beneficiando a toda la economía.
El foro continuó con una reflexión de Laura Moisa, codirectora del Banco de la República, quien advirtió que Colombia no puede seguir tomando decisiones económicas de corto plazo ni evitando el reordenamiento territorial: “El campo debe ser el centro de un proyecto de desarrollo a largo plazo. No se trata solo de producir alimentos, se trata de cuidar la vida, el territorio y garantizar la soberanía alimentaria de todos los colombianos, urbanos y rurales”.
El consenso más crítico del foro giró en torno a la inoperancia del sistema judicial para resolver conflictos rurales. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló la ausencia de una Jurisdicción Agraria y Rural como el principal freno para la reforma. El Proyecto de Ley 183 de 2024 radicado por el gobierno nacional en el Senado, explica la gravedad de este vacío. Actualmente, los conflictos por baldíos o por el incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad son tramitados por jueces civiles ordinarios. Esta dinámica impone una igualdad absoluta entre partes que son estructuralmente asimétricas, como un campesino sin tierra y un fondo de inversión agroindustrial. De igual forma, los sistemas probatorios civiles resultan insuficientes para comprender las complejidades del derecho agrario. La Corte Constitucional ya ha exhortado al Congreso a crear esta jurisdicción especializada, sin la cual los procesos de recuperación de tierras se dilatan por décadas y las comunidades se ven abocadas a la informalidad o la violencia para resolver sus disputas.
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| Martha Carvajalino - Ministra de agricultura y desarrollo rural |
Para comprender la magnitud del reto, es necesario recordar el desmantelamiento institucional. Desde la década de 1990 el paradigma del desarrollo rural fue cooptado por políticas neoliberales que desmontaron las entidades responsables de la reforma agraria y subordinaron el campo a la apertura económica promovida por el Fondo Monetario Internacional e intereses extranjeros. El actual Sistema Nacional de Reforma Agraria intenta revertir tres décadas de inoperancia. Sin embargo, la inercia de los factores limitantes, el alto costo fiscal y la oposición de terratenientes y capital financiero impiden que el cambio estructural sea inmediato.
La Reforma Agraria en Colombia ha dejado de ser una promesa de campaña para convertirse en una política de Estado en construcción para la redistribución de la tierra. Sin embargo, su realización material no depende solo de la voluntad del Gobierno de turno. Este esfuerzo nacional exige la aprobación urgente de la Jurisdicción Agraria y Rural, el cierre de los vacíos legales que permiten el acaparamiento de tierras y, sobre todo, un pacto social donde la ciudadanía comprenda que un campo justo, productivo, con vida y en paz es la única garantía de un futuro digno para toda la Nación. El registro completo del foro se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana:
https://www.youtube.com/live/gQFDNLhaTOk?si=D0cZr7w-UouGFClL
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