De la Gobernanza territorial por el alimento y otras recetas

Ollas Comunitarias en Asamblea Solidaria Bogotá/comité territorial por la Soberanía alimentaria

Documento borrador para la discusión y el camino

Por Comité territorial de la Cuenca del Bajo Tunjuelo

A partir del diagnóstico y las reflexiones aportadas por el grupo de empalme de la crisis del hambre, el diálogo con organizaciones del sector rural y urbano y los lineamientos de política alimentaria contenidos en el Plan Nacional de desarrollo Colombia Potencia mundial de la vida, se diseña esta propuesta de gobernanza territorial en el marco de la construcción del Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. 

El diagnóstico del Plan de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida, advierte que la gobernanza de la política alimentaria tiene una limitada dinámica entre nación y territorio, lo que implica una baja articulación de la política nacional con los planes y políticas territoriales y locales. A su vez, a nivel territorial, esta desarticulación se extiende a una incipiente participación de las organizaciones y ciudadanos en el diseño, ejecución y vigilancia de la política pública. 

Encuentro por la Soberanía alimentaria Bosa 2023/ Comité territorial Bajo Tunjuelo

Este contexto tiene como resultado lecturas, acciones y políticas que no corresponden al contexto en el que transcurre la vida de las comunidades, lo que a su vez genera duplicidad de esfuerzos, así como un inapropiado uso de recursos públicos. El sistema de gobernanza establecido desde el 2008 (Documento Conpes social 113), a pesar de tener como principio la participación y la apropiación a nivel local de la política alimentaria, no tuvo el alcance territorial ni participación efectiva de la sociedad civil. En casos excepcionales llegó a la escala municipal sin generar incidencia ni apropiación social. 

La implementación de políticas para avanzar en la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación implica mejorar la gobernanza y coordinar mecanismos para el diseño, la ejecución, el seguimiento y articulación de la política alimentaria del país desde los mismos territorios. Así los estipula el Acuerdo de Paz, al advertir que “es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutricional propuestos, mediante un sistema que los articule en los territorios” (Acuerdo Final de Paz, Punto 1.3.4). 

De igual manera, el primer acuerdo de Cuba, entre el ELN y el Gobierno Nacional, parte de “construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una Alianza social y política que conlleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado". Para ello se establece como punto esencial la participación de la sociedad. 

Es por ello que el PND exige el diseño de “mecanismos que fortalezcan la exigibilidad y justiciabilidad del derecho y la participación de las entidades territoriales y las organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés y ciudadanía en los temas concernientes a la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación adecuada, sostenible y culturalmente apropiada en las poblaciones y el territorio” (Bases del PND 2022 2026, p. 134). 

La transición de un costoso modelo de seguridad y asistencia alimentaria a un modelo sostenible enfocado a la soberanía alimentaria, surge de potenciar la producción y gestión local en torno al alimento y la apropiación social de la política alimentaria en su dimensión social, cultural y pedagógica. Para ello es preciso activar procesos de participación local y territorial que logren integrar, desde la organización comunitaria, comunal, educativa y desde la producción de lo común; soluciones y políticas públicas que garanticen el Derecho Humano a la alimentación para la población y las comunidades en el mediano plazo. 

Los entramados y organizaciones sociales y comunales, desde sus ejercicios y formas asociativas, son los que han promovido la soberanía alimentaria y diseñado, generado y activado reflexiones, procesos, tejidos y experiencias que conforman el acervo popular de la lucha por la alimentación consciente y el cuidado del medio ambiente y del territorio. Justamente, estos entramados pueden establecer un horizonte que permita articular agendas y acciones comunes y; a la vez, establecer directrices para procesos de exigibilidad y diseño de políticas públicas que potencien su sentido y su acción. 

El Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación – SNGPDA, bajo coordinación de la Presidencia de la República, debe acompañar el proceso de formulación e implementación participativa de la política pública para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, articulando los diversos actores del sistema y garantizando la participación de entramados comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y de titulares de derechos en las instancias de gobernanza alimentaria. (Artículo 216, PND) 

Para ello es preciso generar un Acuerdo Nacional Hambre Cero que logre armonizar roles y recursos para mitigar el hambre y transitar hacia un sistema alimentario basado en la soberanía alimentaria. 

Acuerdo Nacional Hambre Cero 

Presentación 

El Acuerdo nacional Hambre Cero y por el derecho a la alimentación implica la unión de diversos esfuerzos de la sociedad para establecer roles a diferentes actores sociales en la mitigación de hambre y la transición hacia un sistema alimentario que privilegie la soberanía y la autonomía de las comunidades y territorios. La estrategia va desde las comunidades al gobierno y desde los entes territoriales hacia el gobierno nacional, en este sentido facilita el establecimiento de acuerdos que permitan reconocer actores, acciones colectivas, políticas públicas territoriales y recursos que puedan contribuir a la implementación del Acuerdo en los territorios. 

Para la generación y establecimiento de este Acuerdo se requiere de una apuesta decidida por el enfoque territorial y de género, reconociendo a Colombia como país de territorios diversos y complejos, que amplíe la participación política de la mujer en la gestión de alimentación y del cuidado. Así mismo, el programa debe sintonizarse con el propósito de reconocer y fortalecer a trabajadoras y trabajadores de la economía campesina, popular y comunitaria. 

Acuerdos territoriales. 

El eje del programa son los Acuerdos Territoriales, los cuales se convocan por parte de las fuerzas vivas de la sociedad, representadas en los consejos territoriales, los cuales serán impulsados por los entramados comunitarios y sociales activos en torno al alimento, los entes territoriales y entidades solidarias y participantes en el sistema alimentario. 

Estos acuerdos establecerán las rutas para generar las Alianzas, diagnósticos y estrategias y programas a ser implementados, así como los espacios de difusión, comunicación, validación social y veeduría ciudadana. Se trata de procesos particulares ligados a la historia de cada territorio específico, incluso con identidades culturales y sociales que se deben articular de forma paulatina para construir tejido social y comunitario y un sujeto social y político. 

La delimitación de estos territorios no en todos los casos es idéntica a la unidad político administrativa, principalmente por la realidad rural y urbana del país, en algunos casos se asumirá que es municipal, local o por comuna, 

Consejos territoriales 

Los Consejos territoriales para la soberanía alimentaria son las instancias que, desde el territorio, generarán los diagnósticos, acciones, prioridades, y mecanismos que permitan garantizar el derecho a la alimentación en todo el país, esto se hará mediante el diálogo permanente y la generación de un Acuerdo territorial que determine los diversos roles que deben cumplir los actores territoriales, regionales y nacionales para la superación del hambre en los territorios. 

En un nivel intermedio supra municipal se trataría de un escenario regional, consejo regional (departamental), convocado principalmente para adelantar proyectos que en el nivel local y nacional se consideren relevantes para los objetivos del Acuerdo, hacer una carretera, construir un centro de acopio, fortalecer una cadena de producción y/o abastecimiento, construir un comedor comunitario, una plaza de mercado etc.) y que implique acuerdo entre varias entidades territoriales. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el programa Hambre Cero articularan las acciones que requieran del concurso nacional. 

Se debe tener en cuenta que el Acuerdo Hambre Cero tiene una acción directa del Estado a través de los programas nacionales propuestos, pero que su mayor fuerza son las potencialidades y capacidades de los territorios para hacer frente a la crisis del hambre, en este sentido, se han de reconocer los programas de atención directa como por ejemplo los comedores comunitarios y ollas populares, la producción campesina y familiar, las huertas urbanas, la logística instalada de producción y comercialización, las pequeñas bodegas e infraestructuras comunitarias entre otras, potenciando la alianzas público populares. 

Micro territorios y los comités populares para la soberanía alimentaria 

Los Acuerdos territoriales se realizarán en micro territorios tales como veredas, barrios, colegios, unidades residenciales también pueden, mediante el establecimiento de Comités populares para la soberanía alimentaria que buscarán, desde las necesidades de la población, diseñar estrategias y gestionar acciones concretas para mitigar el hambre en el micro territorio. 

En el micro territorio se adelantará, con el apoyo de los equipos institucionales (local/nacional), las cartografías de diagnóstico y monitoreo sobre la situación de hambre, así como los planes de acción que puedan ser orientado a instancias gubernamentales, instrumentos de planeación y estrategias de acción colectiva. Esta información se articulará al Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación de la Malnutrición SNSM- liderado y administrado por el Ministerio de la Igualdad. 

Sobre el proceso de participación ciudadana 

La activación de procesos de participación ciudadana debe concebirse, no como un proceso terminado que conforma una representatividad en una instancia de participación, sino por el contrario, como un proceso continuo de movilización social en torno a los intereses comunes de la población. 

En Colombia estos procesos de movilización social y constitución de un horizonte común, en contextos urbanos y rurales, han sido permanentes y es necesario aprender y observar de las dinámicas y de las narrativas que los determinan. Un elemento que es transversal a estos procesos, (ver casos de poblaciones indígenas, recicladores de oficio, medios de comunicación popular) es el auto reconocimiento, lo que implica que los actores se referencian dentro de un sistema social, económico y político en consonancia con una revalorización propia y social de sus oficios y su identidad. 

Este autorreconocimiento va atado a otro elemento constitutivo del proceso de participación y es la conformación de un horizonte común, lo cual implica unos lineamientos mínimos que proyecten la agenda y la acción de entramados y organizaciones vinculadas a la economía popular y comunitaria y que, desde los territorios, vaya estableciendo los lineamientos y tejidos que den legitimidad a la representatividad en el proceso de participación-movilización. 

Reunión Comité territorial y comités populares

Por último, los diversos entramados comunitarios se tejen, reconocen y articulan en la acción más que en la concertación, por ello durante el Paro Nacional, la representatividad institucional y corporativa para la negociación fue sustituida por una representatividad de la acción; era los integrantes de la primera línea o quienes montaban las ollas o el aula quienes eran vistos como representantes del movimiento. 

En tal sentido hay que crear un escenario que sirva como ecosistema de dicha participación ciudadana, que permita, en la marcha, coordinar junto a los actores, políticas nacionales y territoriales que activen la participación a nivel territorial, esto debe hacerse en torno a acciones concretas asociativas y comunales (Alianzas público populares) que permitan, a su vez, potenciar las capacidades económicas y políticas de las organizaciones sociales y comunales vinculadas al sistema alimentario. 

Alianzas público populares en torno al alimento (Appta) 

“El Plan de Desarrollo privilegia los pactos sociales, los acuerdos económicos y las formas de trabajo, producción social y cultural de los sectores populares y busca mancomunadamente formar alianzas público-populares para la iniciativa productiva, la gobernanza territorial, el despliegue del estado social de derecho y la construcción social. El pacto y el acuerdo social son herramientas principales en la construcción de la paz, la inclusión y la gobernanza territorial”. Las Alianzas público populares en torno al alimento son el principal mecanismo de territorialización y vinculación al proceso participativo. 

Las Appta son aquellas alianzas que, desde la producción, comercialización, abastecimiento asistencia, consumo o manejo de residuos están relacionadas o vinculadas al alimento. Dentro de estas Alianzas están aquellas que buscan entregar tierra e insumos al campesino y a las comunidades, hasta aquellas que buscan la asistencia alimentaria de las comunidades mediante el diseño y operación de organizaciones sociales y comunales. 

El Plan Nacional de Desarrollo, de manera transversal, establece como instrumento principal para lograr la transición hacia un sistema alimentario sostenible con enfoque territorial y en tránsito hacia la soberanía alimentaria, a las Alianzas público populares. Las razones para ello es que las Alianzas suelen ser de carácter territorial y microterritorial, priorizan el uso, control y vigilancia de los recursos a nivel local y comunitario, fortalece la economía popular y generando empleo y recursos para activar el acceso de la población a los alimentos, desarrollan procesos y experiencias que promueven la producción de alimentos a nivel y los circuitos cortos, generando a nivel comunitario y territorial las condiciones y capacidades para que la gestión del alimento se realice a nivel territorial. 

Dentro de los elementos a articular dentro del Programa Hambre Cero, según Plan Nacional de Desarrollo, están el Programa de Alimentación Escolar (PAE); la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar; la oferta de otras instituciones públicas; la celebración de convenios con privados y con alianzas público populares; las áreas de recuperación nutricional, direccionadas por el ICBF Ministerio de Salud y Protección Social, y la transferencia 'Hambre Cero" a cargo de Departamento Administrativo de Prosperidad Social -DPS. Todos estos programas deben enfocarse, por definición del mismo Plan y sus artículos vinculantes, a la conformación de Alianzas Público populares.