A la espera de los cambios en la gestión de residuos

 Por: Juana Corotos y Paca Zorro

El deseo de cambio que motivó a gran parte de la población colombiana a votar por las propuestas del programa de Gustavo Petro y Francia Márquez no se ha materializado al ritmo esperado en este primer año de gobierno. En términos de la gestión de residuos el panorama no es diferente. Por el contrario, la sensación de que la situación ha empeorado se incrementa cada día al observar las calles más llenas de basura y las condiciones de trabajo infrahumanas de los recicladores y recicladoras de oficio. Mientras tanto, en los mal llamados rellenos sanitarios las toneladas enterradas crecen, lo que significa un beneficio lucrativo para los operadores de aseo en detrimento de toda la sociedad.   

Foto: Panorámica del Relleno Sanitario de Doña Juana (2023)

 De hecho, el último informe nacional de Disposición Final publicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para el 2021, señala que en ese año se dispusieron 33.938,58 Ton/día de residuos sólidos presentados en el marco del servicio público de aseo en el territorio nacional, las cuales presentan un aumento del 4,16% respecto al año 2020. 

El incremento en el enterramiento de residuos se ha convertido en una constante en los últimos años y la disposición final predomina dejando de lado alternativas ambiental y socialmente sostenibles por razones económicas. Sin embargo, la vida útil de los rellenos sanitarios se está agotando. De acuerdo con el último informe de la SSPD, el país cuenta con 18 sitios cuya vida útil se encuentra vencida, ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Chocó, Vichada, Tolima, Nariño y Putumayo; y la vida útil de 30 rellenos está próxima a vencer.

Tabla 1. Vida útil rellenos sanitarios por rango de tiempo

Fuente: Informe Disposición de final SSPD (2021)

Considerando que la disponibilidad de lugares en donde se pueda construir nuevos sitios de disposición final son pocas, junto con la resistencia de las comunidades a tener un “vecino” como estos; resulta urgente contar con una Gestión Integral de residuos Sólidos (GIRS) que permita desde la fuente, es decir, desde los hogares y los lugares donde se originan los residuos, disminuir su producción e incentivar alternativas de aprovechamiento y tratamiento según el tipo de residuo, y así reducir al máximo la cantidad de basura que se entierra.

Ante esta problemática, el actual gobierno propuso en su documento de campaña desarrollar el programa “Hacia una sociedad con basura cero”, una programa que incluía dentro de sus pilares la economía circular, la separación en la fuente, el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, reglamentación del servicio público de aseo incentivando la reducción de tarifas a los usuarios y especial atención a la población recicladora siendo esta protagonista de la lucha contra el cambio climático. Lo anterior constituyen pilares fundamentales para una GIRS. 

Esta propuesta del tránsito hacia una sociedad sin basura quedó incluida en el artículo 227 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que es la carta de navegación del gobierno. Es importante que el programa haya quedado respaldado por el artículo en el PND porque demuestra la voluntad y el compromiso de avanzar en esa dirección; sin embargo, el proceso de formulación, reglamentación e implementación del programa tiene su tiempo y la problemática de los residuos no da espera. Es decir que es importante la creación del programa que tiene un plazo de un año desde la expedición del PND (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023), pero la política pública de gestión de residuos no debe desconocer acciones que ya deberían estarse implementando como la regulación de la tarifa de aseo ante el alza desmedida. 

Fuente: elaboración propia a partir del SUI

Mientras que en la opinión pública la atención se centra en el alto costo del servicio de energía, el pago por el servicio de aseo y la actividad de aprovechamiento aumentan sin cesar. Los usuarios estamos financiando las ganancias del capital, pero no la prestación de la actividad de aprovechamiento que en su origen estaba pensada para mejorar las condiciones de vida de la población recicladora como respuesta a décadas de lucha y reivindicación de sus derechos.

Por otro lado, la implementación de la Resolución MVCT 2184 de 2019 que establece la separación de residuos en bolsas por colores: blanca para residuos aprovechables; negra, para no aprovechables y verde para los residuos orgánicos, es un saludo a la bandera si al final los residuos de las bolsas negra y verde, es decir la basura y el material orgánico, rico en nutrientes que podrían servir de abono, al final quedan enterrados conjuntamente en los rellenos sanitarios. Según la UAESP el 51,32 % de los residuos que se entierran en Bogotá son orgánicos.  

No podemos esperar que el programa Basura Cero se sancione como ley para apoyar los procesos de gestión comunitaria de los residuos como las pacas digestoras que se articulan a las huertas urbanas y que evitan que la riqueza de lo orgánico se desperdicie, mientras los precios de los abonos aumentan. La articulación que sí logran las comunidades, no se evidencia a nivel institucional.

Como suele ocurrir con las promesas de campaña, se quedan en el “qué hacer” y no desarrollan el “cómo hacer”. La promesa del gobierno para avanzar hacia una sociedad libre de basura se ha dilatado y lo que se percibe es un retroceso en la cultura y responsabilidad en la generación de residuos, una coordinación ausente entre las entidades encargadas de orientar, socializar y, en el mejor de los escenarios, comprometidas con garantizar una participación activa de las comunidades en la co-construcción la política pública de GIRS, el tiempo que no da tregua y hace surgir la pregunta de ¿Cuándo se empezará a ver el  cambio?