La reforma agraria en curso

 

Por A media cuadra

Algunos preguntan los motivos, por qué tanto anhelo por la tierra, de ella nacimos, de ella consumimos y en ella también nos convertirán

Máximo Jiménez (Las escrituras)

Desde antes de que Colombia fuera Colombia, las disputas por la tierra y el territorio estaban en el orden del día, tal vez por ello para entender el proceso de reforma agraria que vive nuestro país hay que verlo desde nuestra mirada ancestral, que no concibe la historia de manera lineal sino como un ciclo en el que el presente y el pasado se tejen en el territorio en algo que conforma nuestra vida cultural y colectiva. 

Tal vez así podríamos repetir la diáspora de luchas que, desde la colonia, ha dado el campesinado en diversos lugares del país para ponerlas hablar con los retos que hoy enfrentamos para obtener tierra y una vida justa y digna para las familias campesinas; o podríamos ver la saga de represión y segregación a la que se ha sometido a los sectores rurales y a quienes han puesto en su voz o quehacer el horizonte de la reforma agraria; o bien podríamos percibir los hilos que conectan las condiciones del campo con la situación social en las que se vive en las pequeñas y grandes ciudades. 

Es preciso entender la reforma agraria como un plan necesario y urgente que  trascienda los tiempos de gobierno y que tenga un alcance nacional, al punto que, a pesar de los conflictos inherentes a la misma, se perciba como un problema de toda la sociedad en su conjunto.

A pesar de que el camino o la espiral han sido largos y el costo en vidas inconmensurable, los desafíos aún no son menores y requieren largo aliento, pues son cercamientos que se soportan en la misma desigualdad y en prácticas que, aún dentro de la legalidad, promueven el desarraigo, el desplazamiento y la sobreexplotación de la vida en el campo y de la población campesina, población que, a pesar de este hostigamiento permanente, aún conforma la cuarta parte de quienes habitan el país.

Los principales desafíos, que siguen latentes, para encaminarse hacia una reforma agraria son el hecho de que para vastas regiones del país la tierra sigue estando en pocas manos, las políticas estatales son insuficientes y débiles ante la magnitud de la tareas atrasadas en el campo, además de estar concentradas en algunos territorios y para un reducido grupo de la población. 

Por lo anterior, y entre otras causas, no se han garantizado los derechos fundamentales de la población campesina, que sufre altos niveles de pobreza y un deficiente cubrimiento en la prestación de servicios sociales, como salud y educación, y de servicios públicos. Así mismo el campesinado no tiene acceso a una justicia que se adecue a su contexto y problemáticas específicas. 

Los avances del gobierno, a pesar de los palos en la rueda de sectores retardatarios, han forjado una caja de herramientas institucionales para avanzar en la reforma agraria, esto ha permitido gestionar cerca de 700.000 hectáreas para las familias campesinas y la titulación de predios en 1.800.000 hectáreas, lo que favorece a miles de familias. Así mismo, desde distintas entidades se han generado políticas que buscan el acceso de la población a servicios sociales y públicos y otras directrices necesarias para alcanzar la integralidad de la reforma.

Además de los avances en entrega de tierras, la reforma agraria también avanza en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional (acto legislativo 01 de 2023). La creación y puesta en funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, el trazador presupuestal campesino; asi como el reconocimiento de 19 Zonas de Reserva Campesina, entre otras formas de territorialidad, dan cuenta de que la reforma agraria es una transformación estructural de las condiciones de vida en la ruralidad

Sin embargo, tal como lo decía Fals Borda y ratificaba Antonio García Nossa, no es posible hacer una reforma agraria para campesinos, pues para que esta sea efectiva debe hacerse por el mismo campesinado en una profundización de su movilización, y por tanto, de la democracia. Debe ser la población del campo la que le dé el sentido y coherencia a la reforma para que siga echando raíces en el territorio.  No le es posible al Estado, en el actual contexto, articular las diversas políticas referentes si el actor y sujeto principal de las mismas, no logra sintetizarlas y articularlas a nivel territorial. 

En este ciclo de la reforma agraria se ha diseñado una gobernanza con una instancia territorial: Los comités de reforma agraria. En este momento ya hay más de 600 Comités Municipales de Reforma Agraria y 30 Comités Departamentales, pero más allá del número, es importante consolidar la incidencia y los roles de estos comités, pues deben ser articuladores de la producción de lo común entre organizaciones campesinas, otras instancias y gobiernos territoriales; deben orientar la reforma estratégicamente según las necesidades y contextos específicos; hacer control y veeduría sobre políticas relacionadas; generar espacios de diálogo, divulgación y educación y promover y diseñar procesos de comunicación popular para activar la reforma en los territorios, entre muchas más otras tareas, que definirán la incidencia y coherencia de la reforma agraria en los territorios.

De la reforma agraria depende la vida, dado que es un elemento fundamental y necesario para avanzar como sociedad en dimensiones que también nos son urgentes como país y ante las cuales no hay alternativa, tal como lo son la transición energética, la transición agroecológica, la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, la consolidación de la paz o el fortalecimiento de la soberanía alimentaria para la población y las comunidades.