El Frente Nacional contra el campesinado

Por A media cuadra

Este podría ser un título para un texto de hace 50 años o más, pero así están las cosas. Los partidos políticos tradicionales reunidos en su frente electorero, se montaron en el caballo de batalla del incremento al impuesto predial, buscando, por un lado, deslegitimar la actualización del avalúo catastral que tuvo dentro de sus objetivos corregir la desigualdad en la propiedad de la tierra -la peor del mundo- y fortalecer las finanzas en los territorios, y por otro lado, responsabilizar al Gobierno Nacional del incremento del predial, siendo ésto del resorte de las entidades territoriales.

Sin embargo, ahora que estos partidos reunidos en la campaña del Centro Democrático se rasgan las vestiduras, queda aún más en evidencia la hipocresía de su proceder. En el año 2022 el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley para poner un techo al cobro del impuesto predial, pretendiendo que las autoridades locales y los concejos municipales, al  definir el porcentaje del incremento, no sobrepasaran un tope establecido. Por supuesto las mayorías del Congreso engavetaron el proyecto y no vio la luz. Hoy las colectividades rancias y clientelistas, liberales, conservadores, el partido de Vargas Lleras y otros del mismo pelambre, citan al gobierno al Congreso para gritar su indignación. Ellos mismos empañan el espejo y luego dicen que no está claro. 

El Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, lo que se traduce en políticas y recursos para el bienestar de la población campesina y en procurar revertir las causas históricas de su exclusión, por poco corre la misma suerte. Los mismos partidos de oposición, hoy y ayer liderados por el Centro Democrático, intentaron sabotear y engavetar el Proyecto en el 2021, cuando también eran mayoría y además gobierno. En ese entonces saboteaban las plenarias y sacaban el debate de la agenda legislativa, bajo los mismos argumentos de siempre.

Paloma Valencia, actual candidata a  la presidencia, durante la Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República advirtió en ese entonces que no estuvieron de acuerdo con el proyecto, asegurando, además, que esta reforma constitucional buscaba “traer los conceptos de la colectivización de la propiedad al sector campesino, que es absolutamente equivocado. (...) Este era un proyecto que pretendía instrumentalizar a los campesinos para convertirlos en refugio de criminales, narcotraficantes y delincuentes. Este proyecto era malo porque no le servía al campesinado colombiano”. 

Hoy se repite el recurso. El proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural, que cumple un mandato constitucional y que no es más que la intención de tener una justicia especializada para asuntos campesinos, ajustada a los problemas comunes del campo colombiano y que mejora el acceso de esta población a la justicia, enfrenta todas las dilaciones posibles en el Congreso, activadas por las mismas jugadas del mismo sector político. Los grandes terratenientes, ampliamente representados por estos congresistas, le tienen más miedo a la justicia y a la verdad, que al hecho mismo de perder tierras usurpadas.

Es claro que esta clase política, a pesar de ser la principal responsable del desangramiento y la guerra del país, si se lo permitimos, seguirá cercando las posibilidades de garantizar los derechos de las familias y comunidades campesinas, como lo han hecho desde el nacimiento de esta República, sus intenciones son claras.  

Es preciso que como pueblo cuidemos y profundicemos el proceso de reforma agraria en curso.