La OIT recomienda que para determinar el salario mínimo se deben considerar, por un lado, las necesidades del trabajador y sus familias, pero también factores económicos como necesidades del desarrollo económico o mantener el nivel de empleo; de igual manera recomienda que dicho salario se determine mediante un diálogo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. Así se hace en Colombia, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el escenario en el que se da esta negociación, en la cual el gobierno es la voz determinante y define el incremento de este salario al final de cada año.
En Colombia, con excepción de algunos años a comienzos del presente siglo en el cual se logró esta concertación en contextos de debilitamiento de las formas de organización de la clase trabajadora, los gobiernos han resuelto la determinación del salario mínimo de manera unilateral privilegiado los criterios de tipo económico y gremial, bajo el supuesto de contener la inflación y el desempleo. Esto ha generado que el incremento del salario mínimo, tal como lo ha denunciado el presidente, viole preceptos constitucionales y no alcance siquiera a responder por la pérdida del poder adquisitivo ni garantice una “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo” (Constitución Política, artículo 53). Por tanto el salario real, que contiene esa pérdida de valor generada por la inflación año a año, se ha deteriorado con las consecuencias en la calidad de vida de aquellos y aquellas que perciben este ingreso.
Por su parte, el salario mínimo vital es el salario que considera el primer criterio, pues según la OIT responde a la pregunta: ¿cuál es el nivel salarial que permite que el trabajador o la trabajadora, junto a sus familias, puedan obtener, como producto de su trabajo, un nivel de vida digno teniendo en cuenta las condiciones dadas en su país?. Se entiende ese nivel de vida digno como las condiciones mínimas para vivir con bienestar y desarrollar plenamente el potencial humano, lo que implica que el ingreso básico trascienda los términos básicos de la sobrevivencia. Por ello para calcular el salario mínimo vital, se debe tener en cuenta el nivel de precios de una canasta que incluya, más allá del alimento, servicios esenciales como la vivienda, la movilidad, la educación o la salud, y a su vez, el promedio de horas de trabajo que las familias disponen para la obtención de un ingreso monetario por medio del trabajo.
El incremento del salario mínimo real de los últimos tres años, el cual alcanza el 16 % es un esfuerzo por cerrar la brecha entre el salario mínimo vital y el salario mínimo legal, sin embargo este incremento no es suficiente para garantizar una vida digna para las familias trabajadoras. Según recientes cálculos de la OIT, en Colombia,actualmente el salario mínimo apenas alcanza a cubrir cerca de las tres cuartas partes del ingreso mínimo vital, lo cual no es poco si tenemos en cuenta que el país aún mantiene, a pesar de los esfuerzos del gobierno, altos niveles de desigualdad social y económica.
Cabe mencionar aquí que los recientes incrementos en el salario mínimo han sucedido sin detrimento del crecimiento económico ni grandes afectaciones en el nivel de precios, generando nuevos empleos y reduciendo a niveles históricos la tasa de desempleo, que para el último mes ya llega al 7 %. Esto evidencia que las alarmas que suelen prender, para cada navidad, las organizaciones gremiales en complicidad con la ortodoxia económica sobre el incremento del salario mínimo han sido infundadas y hoy suenan en el vacío. Esto dio un mayor margen al gobierno para que, en el ajuste del salario mínimo, se privilegie, al fin, como criterio, la dignidad en la vida de trabajadoras y trabajadores y a su vez se aporte a la urgente redistribución del ingreso, lo que permitirá un mayor crecimiento económico y una mayor participación social en el desarrollo del país.
El salario mínimo decretado por el gobierno de Gustavo Petro para el año 2026, equivalente a $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte asciende a los 2 millones de pesos, se ajusta a partir de las necesidades de los hogares de trabajadoras y trabajadores, buscando condiciones dignas para las mayorías de la población, lo que es un gran avance para la vida misma y para la justicia social y económica del país.
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